Tabaco. Fallos desatinados de la Justicia Federal comprometen el futuro de la actividad

¿Será Justicia? por Jorge G. Flores Canclini

De la morosidad de la Justicia Federal dan fe las causas por corrupción y los reclamos previsionales, yacentes bajo el polvo acumulado en décadas de indefinición.

Sorprende entonces la celeridad con que jueces federales de diferentes jurisdicciones vienen fallando a favor de fábricas de cigarrillos de dudosa prosapia, unidas en la causa común de evadir[1] “con licencia” lo dispuesto en una ley que además de fijarle la carga impositiva que dota a las arcas nacionales de ingentes recursos, recauda la participación de los productores en el precio del atado de cigarrillos y que conforma el Fondo Especial del Tabaco, herramienta indispensable para asegurar la competitividad internacional de los excelentes tabacos nacionales, producidos en siete provincias, no precisamente de las mejor favorecidas en términos socio económicos.

Y ese Fondo Especial del Tabaco viene sufriendo importantes mermas en sus ingresos dado que casi el 15% del mercado consume cigarrillos abaratados por esos insólitos fallos judiciales que han liberado de impuestos a empresas para las que el dumping es el principal componente de su desleal competitividad.

Es así como la evasión que generan la falsificación y el contrabando, la cadena del tabaco se ve perjudicada también por estas exenciones.

En una presentación a la Corte Suprema de la Nación la Federación Argentina de Productores Tabacaleros[2], definió con claridad la situación: El Gobierno Nacional y las provincias perdieron cuantiosos recursos fiscales en el período 2016-2019, además de los que se estiman para este 2020, producto de las medidas cautelares que la Justicia Federal le otorgó a Tabacalera Sarandí, eximiéndola de pagar el impuesto interno mínimo aprobado por el Congreso Nacional (autos “TABACALERA SARANDÍ S.A. C/ EN AFIP DGI S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA” EXP.Nº 8093/2018,hoy en la Corte Suprema)

Recientemente, otros jueces federales en sorprendentes fallos otorgaron idéntico beneficio judicial a las manufactureras Espert S.A. (provincia de Buenos Aires) y Tabes S.A. (provincia de Salta), por lo que este desfinanciamiento se agravará al incrementarse el número de fabricantes con un régimen impositivo de menor tributación y por ende diferencial a los de los restantes fabricantes de cigarrillos Los fondos afectados por esta medida cautelar impactan directa y sustancialmente en las provincias, que dejan de percibir ingresos en concepto de impuestos internos, IVA, ingresos brutos y el Fondo Especial del Tabaco, y también en los recursos de jubilados y beneficios de asignaciones sociales por afectar directamente ingresos de la ANSES.

Los fondos afectados por esta medida cautelar impactan directa y sustancialmente en las provincias, que dejan de percibir ingresos en concepto de impuestos internos, IVA, ingresos brutos y el Fondo Especial del Tabaco, y también en los recursos de jubilados y beneficios de asignaciones sociales por afectar directamente ingresos de la ANSES.

La convalidación de las excepciones impositivas por vía del otorgamiento de medidas cautelares podría dejar sin trabajo a miles de personas y desfinanciar a 50.000 productores de tabaco, 7 millones de jubilados, 4 millones de beneficiarios de asignaciones sociales, 1 millón de trabajadores de la cadena del tabaco y, en definitiva, a millones de habitantes al recortar ingresos esenciales para el Estado Nacional. Ello sin considerar el impacto devastador que tendría para los recursos del Fisco Nacional que se generalice la utilización abusiva de las medidas cautelares para la eximición impositiva de otras actividades productivas…

Hasta aquí el quebranto que significa al estado dejar de percibir[3] unos 40 mil millones al año.

Pero hay razones más contundentes en el esquema tributario que grava al cigarrillo: la frustración del objetivo de promover el desaliento del consumo por el encarecimiento por la aplicación de mayores cargas impositivas.

Leemos en publicaciones del Ministerio de Salud e la Nación que: El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación concretó un aumento que eleva al 75% la alícuota de impuestos internos, medida que impactará en el precio de venta final de los productos de tabaco en un 53,6%. Este gravamen es una de las acciones que alienta el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de reducir la demanda de tabaco…
“Los impuestos al tabaco son más que recaudatorios, su aumento tiene impacto sanitario, ya que desalientan a consumidores actuales, favorecen la cesación tabáquica y disuaden a los jóvenes a iniciarse en el consumo, profundizando la tendencia en descenso del consumo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la suba de los impuestos sobre los productos de tabaco como una estrategia eficaz para reducir la demanda de estos, contribuir a mejorar los resultados sanitarios y prevenir la iniciación en el consumo. Los impuestos son una medida eficaz para reducir el consumo de tabaco[4]

Y la misma OMS se ocupa de no dejar dudas, poniendo los fallos cuestionados en paridad de efectos con el contrabando y la falsificación: Los impuestos al tabaco son el medio más eficaz de reducir el consumo de tabaco y los costos de la atención de salud, sobre todo entre los jóvenes y la población de bajos ingresos, a la vez que permiten incrementar los ingresos fiscales en muchos países…

…Los aumentos de impuestos deben ser suficientemente altos con el fin de empujar los precios por encima del crecimiento de los ingresos. Un 10% de aumento en el precio del tabaco reduce el consumo de tabaco en aproximadamente un 4% en los países de ingresos altos y en cerca de un 5% en los países de ingresos medianos y bajos…

…Pese a ello, introducir impuestos elevados al tabaco es la medida menos aplicada entre el conjunto de diferentes medidas disponibles para el control del tabaco.

La elusión fiscal (lícita) y la evasión fiscal (ilícita) socavan la eficacia de las políticas de control del tabaco, en particular la relativa al aumento de los impuestos al tabaco[5].

 

El Manual Técnico de la OMS sobre Administración de Impuestos al Tabaco es terminante al afirmar que: Las actividades de elusión fiscal, tanto por los consumidores como por los productores, limitan la capacidad de los gobiernos para captar ingresos y controlar el consumo mediante la tributación.[6]

Estas políticas impositivas que hoy algunos jueces pretenden eliminar de un plumazo, tuvieron repercusión y reconocimiento internacionales. Así fue como el Premio Bloomberg Philanthropies para el Control Mundial del Tabaco distinguió al país por el trabajo conjunto de los ministerios de Hacienda, Salud y la Fundación Interamericana del Corazón que llevó al aumento de los impuestos internos de los cigarrillos en 2016, una medida orientada a desalentar su consumo y generar recursos para compensar los costos del tratamiento de enfermedades asociadas al tabaquismo[7].

Resulta entonces más que evidente la inconveniencia de la seguidilla de fallos contradictorios con el interés público.  Así lo reconoce la Procuración General de la Nación, que ya emitió un dictamen en contra de que prosigan las medidas cautelares para evitar el pago del impuesto mínimo.

Lo que ahora está sujeto a opinión del máximo tribunal de justicia de la Nación[8] no es tanto el derecho de estas empresas a no tributar, como el del estado a percibir los impuestos establecidos por una ley nacional, lo que ha sido comprendido así en la primera instancia. Fue la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que hizo lugar a una excepción violatoria de las normas de la sana competencia y de los derechos de los tabacaleros.

A todo esto, estas empresas desleales han emprendido una estrategia de victimizarse adhiriendo a aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque.

Como muestra palpable de la arraigada costumbre argentina de confundir el aserrín con el pan rallado, se destacan las declaraciones de alguno de estos evasores con licencia, adhiriéndose a la prédica Nac & Pop del combate al oligopolio multinacional de las tabacaleras que tan bien armoniza con el populismo que sobreabunda en estos parajes.

Según informa la Agencia Nacional de Noticias TELAM, La pyme nacional Tabacalera Sarandí (TS), acusó al gigante mundial Philip Morris-Massalin Particulares, de realizar maniobras junto a funcionarios de la administración del expresidente Mauricio Macri, para aprobar la reforma impositiva al tabaco que reduce alícuotas para grandes corporaciones e introduce un impuesto mínimo, perjudicando a las pequeñas y medianas empresas[9].

La falacia de esta interpretación conspirativa queda patente en el hecho de que la implementación de impuestos al tabaco con montos fijos mínimos y/o mixtos es una práctica común en el resto del mundo. De acuerdo con la información de la OMS, en septiembre de 2015, el 72% de 167 países utilizaba ese tipo de sistemas[10].

 

Es indiscutible que el sistema impositivo vigente se adecua a disposiciones sanitarias internacionalmente aceptadas y las elusiones tienen un alto componente de oportunismo y deslealtad comercial y todo parecería indicar que el máximo tribunal corregiría en breve, los excesos desatinados de algunos jueces federales.

Son muchos los sectores esperanzados en que ¡Será Justicia!

[1] Como veremos más adelante, el término que define estas conductas es eludir, acto lícito, pero no menos dañino en la cuestión que nos ocupa.

[2] Integrada por Cámara del Tabaco de Jujuy, Cámara del Tabaco de Salta, Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, Cámara del Tabaco de Misiones, Cámara de Tabaco de Tucumán, Asociación de Productores de Tabaco de la Cocha, Asociación de Productores Tabacaleros de Chaco, Cámara de Tabaco de Corrientes y Cooperativa de Tabacaleros Agropecuarios del Tucumán.

[3] Impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos o FAS, que grava con una alícuota de 7% sobre el precio de venta al público (PVP) y destina su recaudación al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Impuesto que crea el Fondo Especial del Tabaco (FET) grava en aproximadamente 7,5% el PVP.

Impuestos Internos con una alícuota nominal de 75% sobre el precio neto de impuestos (PVP neto de FET, FAS, y otros impuestos) siempre y cuando el pago supere un valor mínimo equivalente al 75% del impuesto pagado por la categoría más vendida (CMV) que calcula trimestralmente la AFIP (Fuente: La Reforma Tributaria Argentina de 2017, Secretaría de Política Económica, Ministerio de Hacienda, junio 2018)

[4] http://www.msal.gob.ar/tabaco

[5] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

[6] Manual Técnico de la OMS sobre Administración de Impuestos al Tabaco. Washington, DC: OPS, 2015.

[7] 11/7/2020 Argentina premiada por reducir el tabaquismo con impuestos al cigarrillo – Télam – Agencia Nacional de Noticias

[8] Argentina.gob.ar 12-10-18. El Gobierno Nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, presentó un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revierta una medida cautelar otorgada a la tabacalera Sarandí S.A. que la exime de pagar el impuesto mínimo al cigarrillo, el cual tiene entre sus objetivos disminuir el consumo de tabaco para proteger la salud.

La medida cautelar otorgada por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal impide la plena implementación de la Ley Nacional 27.430, sancionada en diciembre de 2017 por medio de la cual se estableció un impuesto mínimo de 28 pesos, actualizable por inflación, con el fin de disminuir la brecha de precios entre las marcas de cigarrillos, y así reducir los incentivos a cambiar el patrón de consumo hacia opciones más baratas.

[9] 11/7/2020 Acusan a Massalin y funcionarios macristas de beneficiar a las grandes tabacalera – Télam – Agencia Nacional de Noticias

[10] La Reforma Tributaria Argentina de 2017, Secretaría de Política Económica, Ministerio de Hacienda, junio 2018

 

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