Sociedad Rural Salteña

 
 
  18-08-09 | Último momento
Cuestiones políticas frenan el desarrollo de la provincia
 
 

El decreto del Poder Ejecutivo provincial traiciona el espíritu de la Ley de Ordenamiento Territorial del Poder Legislativo. Productores, técnicos y especialistas concluyeron que el mapa presentado por el Gobierno responde a cuestiones políticas ya que no hay explicación ni coherencia técnica que avale la coloración del mapa.

Más de 300 productores ganaderos, fructihortícolas, agrícolas, productores del norte de la provincia, del Valle de Lerma y proveedores se insumos del sector, se reunieron en Asamblea Extraordinaria en el predio de la Sociedad Rural. Convocados por Prograno, Asociación de Legumbres del Norte y la Sociedad Rural Salteña, el objetivo del encuentro fue aunar esfuerzos, ponerse al tanto de la situación y decidir las acciones a seguir. Por unanimidad, en la Asamblea se aprobó el repudio al decreto reglamentario del Ordenamiento Territorial presentado por el Poder Ejecutivo Provincial. .

“Lamentablemente el gobierno hace oídos sordos a la demanda de la comunidad para poder conversar y e intercambiar ideas sobre este tema. Presentamos repetidas veces pedidos de audiencia al Gobernador para que nos reciba y poder hablar sobre la reglamentación del ordenamiento territorial sin obtener respuesta”, comenzó hablando Carlos Mussari, Presidente de la Sociedad Rural Salteña, quine hizo hincapié en la necesidad del desarrollo de la ganadería en Salta para poder cubrir las demandas de carne locales y las provincias vecinas.

Hizo referencia al discurso del Gobernador Juan Manuel Urtubey, en la Inauguración de la Exposición Rural del año pasado, leyendo los párrafos en los que se refirió al desarrollo de la provincia: “Este ordenamiento territorial brindará las herramientas que otorgarán seguridad jurídica a todos aquellos que trabajan e invierten en la provincia (aplausos). Aquellos que provenimos de generaciones de salteños que labraron estas tierras, sabemos el esfuerzo que han hecho, y es un imperativo nuestro darles a nuestros hijos y a nuestros nietos una Salta mucho más grande, mucho más sustentable y mucho más productiva (aplausos). Sólo poniendo al hombre en la centralidad de las acciones de los gobiernos es que cumpliremos con este imperativo ético que debe garantizar a cada salteño y a cada uno de los hombres del mundo que quieran habitar el suelo salteño, las condiciones para trabajar y para invertir en nuestra provincia”.

“Y fíjense ustedes qué distinto lo dicho con lo hecho. La frustración es muy grande para todos los que venimos trabajando por la provincia. Esto no hace más que sumar una frustración más a todas nuestras intenciones de colaborar en el desarrollo de Salta y de ayudar, en todo lo posible al gobierno provincial”, señaló Mussari. “Esta reglamentación frena el desarrollo en el norte de la provincia, una de las zonas del país que más necesidades insatisfechas tiene”, finalizó.

El decreto reglamentario sorprendió a todos. El mapa que presentó el poder ejecutivo provincial en el Decreto 2785/09 reglamenta la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Salta, conforme lo disponía la Ley Nacional 26331 (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosque Nativos).

“Por motus propio fuimos a varias reuniones. Nunca nos llamaron o nos invitaron a participar de ninguna reunión para dialogar o consensuar nada. Nos enteramos por el diario y descubrimos este decreto. El resultado nos parece inaceptable y no sabemos si responde a alguna estrategia y si tiene algo más que lo avale, además del trabajo de 100 hojas que es el soporte técnico de ese decreto”, declaró Martín de los Ríos, Presidente de Prograno.

El decreto era necesario para que la Ley provincial adquiera plena operatividad pero tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se oscureció la situación y se traicionó el espíritu de la Ley elaborada el año pasado por la Legislatura Salteña.

“Vino la acción puntual de la Corte, presentada por un actor puntual representando a los pueblos originarios que puso un manto de barro a la cuestión. Esta medida cautelar ordena una acción puntual al demandado, en este caso la Provincia, que debe presentar un estudio de impacto ambiental acumulativo para resolver esa cuestión. Mientras tanto, debía reglamentarse esta ley”, explicó de los Ríos refiriéndose a la ley provincial. “Desde las entidades le pedimos al Sr. Gobernador que haga ejercicio de su federal soberanía y reglamente la ley”, según lo exigía la ley nacional.

En el mapa, la mayor parte de la provincia está coloreada de amarillo. En esta categoría de conservación, debe mantenerse la cobertura boscosa, y sólo es posible el aprovechamiento forestal. En principio, interpretando el decreto reglamentario, la producción ganadera es imposible en esa zona ya que el monte debe quedar como está y no se puede realizar ni siquiera ganadería silvopastoril ya que no se permite ningún tipo de manejo racional y sustentable, como por ejemplo el desbajerado necesario para la implantación de pasturas.

El argumento utilizado por el gobierno para defender el mapa es que el análisis se hará a nivel predial, sin embargo “del texto del decreto se desprende que es mucho más vinculante que lo se declama con este amarillo. Si a nivel predial esto se puede resolver, hubieran dejado las cosas como estaban, dado que es mucho más fácil, prohibir desde lo permitido que permitir desde lo prohibido. Es mucho más fácil a nivel predial prohibir que se desarrolle un campo que en el color marco es verde, a permitir que se desarrolle uno amarillo. Es mucho más irracional, se presta a dobles interpretaciones. Tampoco se dice cuál es el órgano de fiscalización. El decreto no admite análisis serio”, afirmó de lo Ríos.

Natalio Iglesias, Presidente de la Asociación de Productores del Legumbres del NOA, agregó que “lamentablemente seguimos viviendo más de lo mismo. El sector agropecuario sigue siendo golpeado, sigue sin poder llegar con sus mensajes a su gobierno”. Agradeció la presencia de los productores y afirmó que el sector agropecuario, “a través de sus instituciones está y estará a la altura de las circunstancias de los problemas que aquejan al sector productivo”.

La evaluación técnica del decreto comenzó con la apreciación de la Lic. Ana María Pontusi.

“No estamos ante un problema técnico, el problema es político. En el drecteto hay plasmado un un contenido ideológico y de subjetividad muy grande, y no están claros los criterios técnicos sobre lo que mandaba la Ley original, que era cuáles son esos bosques que, por la importancia que tienen, deben seguir siendo bosques por los servicios ambiéntales que brindan. Tan importantes son, que la Nación le debe pagar a las provincias, a través de un fondo, para que los sigan cuidando”, comenzó explicando la técnica.

“Desde el punto de vista técnico es una falta de respeto. Nunca nos han llamado a discutir y hay que resolver cuestiones. Ni siguiera están definidas las áreas de bosque nativo, no están claros los catastros, no están claras las superficies, no está hecho el ordenamiento, el mapa no refleja las características técnicas y hace una mezcla poniendo énfasis en la titularidad de tierras. Si la ley era una ley de bosques entonces los argumentos para determinar si es rojo, amarillo o verde tienen que ser en base a estas cuestiones técnicas”, declaró Ponstusi.

Para terminar, reafirmó que “es un decreto político e ideológico que no va a solucionar el problema de la conservación de los bosques bajo ningún punto de vista” y detacó “el papel nefasto” que tuvo la UNSA que no “supo ocupar su lugar y lo único que hicieron fue introducir ideología y sesgos en la información”.

El Ing. Roberto Neumann estuvo de acuerdo con la Lic. Pontusi en cuanto a que “el mapa y sus colores no reflejan el texto del decreto reglamentario”. “Una de las grandes falencias del decreto es que habla de la autoridad de aplicación pero en ningún momento precisa quién es la autoridad de aplicación”, dijo el técnico ambientalista.

Después de señalar fallas técnicas del mapa, como el sistema de información geográfico sobre el cual se basó la cartografía, dijo que “no es interactivo, ya que no se puede relacionar con otros parámetros o con otros criterios, y se lo da como un documento final”. Por otro lado, criticó la escala utilizada, “por ser difusa para medir la información existente y el nivel predial, que es el próximo paso que hay que dar cuando se fijen las compensaciones de las categorías I y II”, explicó refiriéndose a las zonas roja y amarilla. Para finalizar Neumann dijo que “son cuestiones técnicas, medibles y cartografiables. En un plazo muy breve hay que analizar la documentación desde el punto de vista técnico”

El Dr. Carlos Saravia Toledo, especialista en el desarrollo sustentable del Chaco, aclaró que no tuvo nada que ver con el “mapa mamarracho que apareció en los diarios” ni con el estudio que se presentará en la Corte. Y remarcó que colaboró con el gobierno presentando un estudio de impacto ambiental sobre los problemas ambientales de la región chaqueña, de las yungas, los problemas de cuencas de las provincias, entre otros.

El aspecto político estuvo a cargo de Alfredo Olmedo, senador provincial y diputado nacional electo, y autor de los principios de la ley aprobada el año pasado. Recordó cuando en diciembre salió la ley en la legislatura, por unanimidad, donde 23 senadores votaron a favor, “fue un ejemplo”, dijo. Se mostró preocupado porque el tema “es ideológico, el pueblo está creciendo y volviendo a la cultura del trabajo y eso al sistema político no le sirve”. Además afirmó que primero está el hombre, después el medio ambiente, “pero no quiero pensar que con este mapa estén primero los negocios y los negociados, sobre el hombre y el medio ambiente”. Para finalizar dijo que más allá del campo, “este es un problema de todos los salteños porque son dos cuestiones gravísimas: el detenimiento de la producción y la falta de respeto hacia ambas cámaras.

Beatriz Daher, diputada nacional, dijo que la Ley de Bosques en el Congreso estaba dirigida a la Provincia de Salta, y detalló la labor que realizó junto con sus colegas de ambas Cámaras en Buenos Aires.

En cuanto a las estrategias a seguir, sugirió que las instituciones sigan intentando dialogar con el gobierno provincial. Por su parte, planteará el problema en la Mesa Agropecuaria, integrada por 90 diputados que en el Congreso de la Nación representan al campo, para emitir un documento que apoye la postura de los productores allí reunidos.

“Hay que hacer entender a los sectores que por sí solos no pueden hacer nada”, refiriéndose al sector maderero que “debería incorporarse a este reclamo, porque el campo no es una cosa aislada sino un todo”, y mencionó además al comercio y el resto de la actividad productiva que debieran incorporarse en esta lucha.

Marcelo López Arias, Senador Nacional, hizo hincapié en la mezcla permanente que se realiza al tratar dos cuestiones distintas. Por un lado la protección del medio ambiente, y el tema de los pueblos originarios por el otro, que es un problema totalmente diferente y “nunca deberían haberse mezclado”.

De la Asamblea surgieron las acciones que se llevarán a cabo desde el sector, las cuales se resumen en intentar dialogar con el Gobernador de la provincia insistiendo con los pedidos de audiencia, reunirse con los legisladores provinciales y gestionar con los actuales y futuros, y seguir estudiando las cuestiones técnicas y jurídicas del decreto reglamentario.

Esa misma mañana, en conferencia de prensa, el gobernador Juan Manuel Urtubey ratificó la decisión oficial de velar por el “desarrollo productivo de manera razonable”, en concordancia con el “crecimiento” económico. Defendiendo el Plan de Ordenamiento del Territorio Salteño, presentado la semana anterior, afirmó que “es una decisión política que sin duda no es neutra”, según informaron desde el gobierno.

Justina Ramírez para Salta Productiva

“Este es un problema de todos los salteños porque son dos cuestiones gravísimas: el detenimiento de la producción y la falta de respeto hacia ambas cámaras”. Sen. A. Olmedo 


 
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