Tabaco. Vivir se puede, pero no te dejan…

“Vivir se puede, pero no te dejan”.
Nuevos amenazas se ciernen
sobre la producción tabacalera

Jorge Gustavo Flores Canclini

El del epígrafe fue uno de los lemas preferidos del genial y siempre presente Tato Bores, quien con su humor exquisito pintó como nadie el drama de nuestra amada república trastocada, en la que la industria más consolidada y floreciente pareciera ser la que fabrica impedimentos.

Nadie en sus cabales puede desconocer los efectos perjudiciales del hábito de fumar o negar la necesidad de regular el consumo mediante una política eficaz, desalentándolo entre los adolescentes con una adecuada educación y formación en las virtudes necesarias para sustraerse a los múltiples abusos adictivos que -hoy por hoy- los acosan; advirtiendo con una precisa información a los adultos sobre los riesgos que conlleva el fumar, limitando severamente la promoción y publicidad del cigarrillo y protegiendo los derechos de los no fumadores.

Fue así como los tabacaleros apoyaron decididamente el tratamiento y sanción de la ley 26.687 que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines de la prevención y asistencia de la población ante los daños que produce el tabaquismo, en un todo de acuerdo con los objetivos sanitarios del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) pero sin disponer ninguna restricción a la actividad productiva.

Pero de allí a permitir intentos de hacer desaparecer la actividad hay un largo camino, por una sencilla razón: sumando todas las partes de la cadena productiva argentina, se concluye que un millón y medio de personas dependen directa o indirectamente de ella. O sea que es incuestionable la trascendencia socio económica del cultivo, industrialización y comercialización del tabaco y prueban acabadamente la inexistencia de producción alguna que pudiera reemplazarlo en similares condiciones de ocupación laboral y aprovechamiento intensivo de las unidades de producción, que en el 92% de los productores son inferiores a las cinco hectáreas.

Sin embargo, de poco valen estas razones para algunas asociaciones antitabaco que llevan al Congreso iniciativas para dejar de producir tabaco y reemplazarlo con el cultivo del bambú sin mediar el menor estudio de factibilidad hecho por quienes acrediten conocer la realidad tanto socioeconómica como agroambiental de siete provincias argentinas. El alto nivel de insensatez alcanzado se comprueba con el apoyo que el mismísimo secretario de Ciencia y Tecnología le prestó al descomunal dislate.

Adonde no parece llegar la preocupación por la salud pública es al comercio ilegal que satura el mercado con cigarrillos baratos tornando ineficaces las medidas del gobierno que, siguiendo los lineamientos del Convenio Marco, ha incrementado sensiblemente la carga impositiva como manera (no siempre efectiva) de desalentar el consumo.

 

El mercado ilícito es un problema de escala mundial. Globalmente, se estima que alrededor de 660 mil millones de cigarrillos son ilegales, ya sea por temas de contrabando, falsificación o evasión de impuestos. De acuerdo con estudios sobre el comercio ilegal de cigarrillos a nivel global, se estima que aproximadamente 480 mil millones de cigarrillos son ilegales, ya sea mediante la modalidad de contrabando, falsificaciones de estampilla y/o de marca o evasión impositiva. Esto representa hasta un 10.6% del consumo mundial (De un informe de la British American Tobacco)

El comercio ilícito de productos de tabaco causa en todo el mundo grandes problemas sanitarios, económicos y de seguridad. Según los cálculos, uno de cada 10 cigarrillos y demás productos de tabaco que se consumen es de origen ilícito. El mercado ilícito cuenta con el respaldo de diversos agentes, desde pequeños vendedores ambulantes hasta redes de delincuencia organizada que trafican con armas y personas.

La elusión fiscal (lícita) y la evasión fiscal (ilícita) socavan la eficacia de las políticas de control del tabaco, sobre todo del aumento de los impuestos. Estas actividades abarcan medidas legales, como la compra de productos de tabaco en jurisdicciones con menores impuestos, e ilegales, como el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación (De un informe de la Organización Mundial de la Salud)

A todos esto debemos sumarle los incomprensibles privilegios de no tributar que algunos jueces les han otorgado a fabricantes de muy dudosos antecedentes y que perjudican por igual a la producción legal y a la eficacia de la ley.

Por aquello del río revuelto, la multinacional BAT solicitó una medida cautelar para evitar pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos y obtener así el mismo beneficio que las empresas tabacaleras Sarandí y Espert. Si el recurso obtiene el aval de la Justicia, el fisco dejaría de percibir unos 10.000 millones de pesos, y se recortarían en 2.000 millones de pesos los ingresos de los productores, provenientes del Fondo Especial del Tabaco (FET)

 

La justicia puede declarar la inconstitucionalidad de determinado impuesto, lo que no significa que pueda arrogarse la atribución de conceder exenciones impositivas, como de hecho está haciendo. Esto significa que en la cadena de valor del tabaco ya no se les pide a los jueces que hagan lo que deben, sino que por favor dejen de hacer lo que no deben.

 

Clima adverso, economía inestable, derechos de exportación improcedentes y mercados difíciles son condiciones habituales en las que se desenvuelve el quehacer tabacalero manteniéndose vigente y en pie, contra viento y marea. Aunque a veces, con la aparición de nuevos riesgos y amenazas se haga por demás trabajoso poder afirmar que producir se puede…

 

 

 

 

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